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Ese país ha logrado una tasa de fatalidad de cuatro por cada cien mil trabajadores, mejor que la de 6,5 que exhibe Chile.


2 de Noviembre de 2010.- Fiscalizaciones focalizadas en las empresas riesgosas y multas crecientes para aquellas repetidamente infractoras, son algunos énfasis de la estrategia de seguridad laboral en los Estados Unidos y que esta mañana conoció la Comisión de Seguridad en el Trabajo en una video conferencia dictada desde Washington con personeros de la conocida Agencia para la Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA.
En sus nueve semanas de funcionamiento la Comisión no sólo ha recabado antecedentes dentro del país, sino que también ha buscado experiencias positivas en naciones desarrolladas.

Durante septiembre conoció un exitoso programa aplicado por el estado canadiense de Ontario luego de una tragedia minera y la semana pasada una delegación viajó a tres países de la Unión Europea para recoger antecedentes, especialmente normativos, que han permitido a sus estados miembros lograr una tasa de fatalidad de sólo el 4,1 por cada cien mil trabajadores, versus el 6,5 chileno.

Encabezados por el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, los comisionados escucharon y preguntaron a representantes de la Agencia  OSHA, dependiente del Ministerio del Trabajo de los Estados Unidos, y también de otras instituciones estatales. 

En ese país la tasa de fatalidad es de 4 por cada cien mil trabajadores, cuatro millones de los cuales sufren accidentes o enfermedades profesionales cada año.
Tal como en todo el mundo, el número de fiscalizadores en Estados Unidos es escaso ante el universo global de empresas y trabajadores que deben inspeccionar, ya que tiene una planta de solo 2.200 inspectores a nivel nacional. Por ello deben  priorizar a las empresas con malos historiales de seguridad. Sin embargo, para poder desempeñar su labor, al inicio de su carrera, todos ellos son capacitados durante un año en un instituto especializado de Chicago, antes de ser destinados a sectores específicos.

OSHA atiende llamadas y mails anónimos con consultas y denuncias de factores de riesgo en las empresas. Sus dueños tienen un plazo de cinco días para responder, so riesgo de recibir una fiscalización directa. 

Tratándose de faltas leves, las pequeñas empresas reciben multas acordes con su tamaño y también plazos razonables para que solucionen los problemas detectados. Un criterio básico de las normas estadounidenses es no causar perjuicios económicos a la producción.

Una multa mínima para las grandes empresas -aquellas con más de cien trabajadores­ llega a los siete mil dólares. En el caso de las pequeñas, la multa puede bajar hasta en el 60%.

Sin embargo, los valores pueden subir mucho si las inseguridades persisten. En un plazo de cinco años la multa puede llegar hasta los 70 mil dólares. Incluso, en el peor de los casos, esa suma puede ser multiplicada por cada uno de los trabajadores que ha estado expuesto a los riesgos.

Aunque no puede decidir autónomamente la suspensión de faenas, OSHA si puede solicitarla a tribunales especiales cuando hay riesgo inminente de accidentes, sobre todo fatales.

Otra precaución para impedir el alza de la inseguridad laboral, es la pesquisa constante de las empresas infractoras. Por ejemplo, se les vigila ante la posibilidad del cambio de razón social. En esos casos, la ley impide la caducación de su historial reincidente.

AJUSTES PERIÓDICOS

Pero OSHA no sólo se dedica a la persecución de las malas empresas. También propicia un clima proactivo de prevención.

Cobijada bajo el Acta de Seguridad y Salud Ocupacional de 1970,  el Congreso federal creó la Agencia OSHA, bajo una suerte de acuerdo nacional propiciado por el Estado y que involucró a empleadores y trabajadores.  OSHA desarrolla, antes que todo, una estrategia de tipo preventiva, ejerciendo para ello un monitoreo permanente sobre todos los sectores productivos estadounidenses.

En esa labor le ayudan comités asesores y consultivos por sectores de la economía que constan de quince miembros con plena autonomía de decisión. Se reúnen cuatro veces al año y pueden proponer medidas correctivas y hasta cambios legales.

A modo de ejemplo, recientemente se dictó una "ley de grúas" en la construcción, iniciativa surgida a partir de una propuesta del comité preocupado de este sector.
Para combatir el anquilosamiento de las normas y ante la tardanza con que suelen ser tramitadas y promulgadas las leyes, la Osha puede anticipar recomendaciones en formatos apropiados al nivel educacional de cada público receptor.

También ofrece becas capacitadoras dictadas por instituciones privadas que deben justificar con exactitud su proyecto para poder recibir los fondos. El contenido de los cursos es decidido por OSHA. Por ejemplo, recientemente comenzó un ciclo en la construcción que abarca los cuatro tipos más frecuentes de accidentes: caídas, derrumbes de faenas, electrocutamientos e impactos.

Asimismo, OSHA tiene programas de asistencia, especialmente para las pequeñas empresas. Estas son visitadas por delegados consultores que las hacen recomendaciones y se les ayuda para optar a planes específicos preventivos.
Una premisa del modelo estadounidense es asignar responsabilidades a empresarios y trabajadores. Si los primeros están obligados a reportar todo accidente, los segundos deben cumplir las normas de seguridad que autónomamente han sido resueltas por su empleador. De no hacerlo, más de una vez arriesgan incluso su despido.

Por último, a diferencia del seguro chileno de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales -creado en 1968 mediante la ley 16.744­ en Estados Unidos no hay un sistema que configure instituciones, prestaciones y primas sobre la nómina. Allí, es el empleador el  responsable de proveer toda la seguridad y de contratar seguros ocupacionales que financien el costo de eventuales siniestros en el ámbito laboral. Todos los empleadores se apoyan en la agencia OSHA (salvo los de la minería que tienen su agencia propia denominada MSHA).

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