Seminario reúne a expertos para debatir sobre políticas públicas y derechos humanos vinculados al agua, minería y comunidades

Chile

El encuentro que contó con la participación de expertos nacionales e internacionales abordó el Derecho Humano al agua y la Reforma al Código de Aguas, que hace algunos días entro al Senado, y que el CPC ha manifestado con “intencionalidad expropiatoria”.

Lunes 22 de Agosto de 2016.- Durante el seminario “Agua y Minería: Derechos, Conflictos, Desafíos y Nuevos Enfoques”- organizado por el Centro de Energía, Medioambiente & Ordenamiento Territorial  (ROAM) de la Universidad Mayor y Fundación Newenko- a mediados de agosto se revisaron las reformas legales relativas al agua y actualmente en trámite en el Congreso Nacional, entre ellas, la Reforma Constitucional al Código de Aguas que busca modificar el régimen jurídico sobre la propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas, y el cual la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ha manifestado con “intencionalidad expropiatoria”.

“Hay varias  normativas y planes de estandarización de prácticas que se están realizando en base a los Derechos Humanos y que sin duda, cambia el modo de desarrollo de las industrias. Creemos que una mirada conjunta nos permitirá acercar posiciones y delinear desafíos para ir avanzando en su desarrollo y de los demás sectores productivos”, comenta Ernesto Correa, Director Académico del ROAM y moderador del encuentro, junto al abogado Felipe Tapia, presidente de la Fundación Newenko.

De esta manera en el panel llamado “Derecho Humano al Agua”, conformado por Carlos Ciappa, especialista en derecho de aguas y abogado de Cubillos Evans; Gloria Alvarado, presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU) y el experto internacional en recursos hídricos Mourik Bueno de Mesquita, se abordaron los textos tanto de reforma constitucional y al Código de Aguas, relativos a reforzar la calidad del agua como bien público y establecer concesiones, sobre el aprovechamiento de las aguas, de carácter temporal y priorizando el consumo humano a la hora de su otorgamiento.

Frente a este tema, Alvarado indicó que como FENAPRU esperan que el proyecto de ley garantice, fortalezca y proteja el acceso a derechos de aprovechamiento para los sistemas de agua potable rural, los que constituyen un modelo asociativo de gestión comunitario del Agua y que de esta manera se asegure que el agua potable rural siga en manos de las comunidades.  A su vez se refirió al proyecto de ley que busca regular y dotar de nueva institucionalidad a los servicio sanitarios rurales, que hoy se encuentra en tramitación en el Congreso.

Por otro parte Ciappa indicó que el gran desafío de Chile es lograr en las zonas rurales lo niveles de servicio que hoy tienen las ciudades, las que alcanzan 100% de cobertura de agua potable y saneamiento, para lo cual es fundamental proveer de una debida infraestructura principalmente en el caso de zonas desconcentradas. Asimismo, planteó: “El Derecho Humano al Agua no es un eslogan, sino que tiene un contenido concreto y objetivo que se traduce en la obligación del Estado de Chile de asegurar a todos los Chilenos el acceso a agua para el consumo de las personas que sea saludable, cercana y a un precio asequible; quedando en claro que el Derecho Humano al Agua no es acceso gratuito ni para todos los usos. En esta línea las reformas legales deben apuntar a corregir problemas reales y ser acompañadas de la correspondiente dotación de recursos financieros y capacidades institucionales, y no perseguir miradas ideológicas”.

El asesor internacional Mourik Bueno de Mesquita compartió su experiencia en Perú e indicó que los países en Latinoamérica se encuentran en un período de transición en donde las comunidades están participando en la gestión de los recursos hídricos y de los recursos naturales en general, al encontrarse con un mayor acceso a la información. Sin embargo, existen grandes trabas en la incorporación de dicha participación en la toma de decisiones, dado a asuntos institucionales, como a debilidades regulatorias; que confieren, en la práctica, mayor permisividad en el uso del agua por parte de las industrias privadas.

Políticas públicas para la vinculación con las comunidades

Otra de las temáticas del seminario fue la vinculación de las industrias productivas con las comunidades en el panel “Minería y Comunidades”, el cual contó con la participación de Francisco Allendes, abogado y director legal de Teck Resources Chile; Verónica Zubía, abogada asesora de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; y el asesor holandés Mourik Bueno de Mesquita.

En la oportunidad, se explicó el contenido del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos que actualmente trabaja un grupo interministerial -con la participación del empresariado y la sociedad civil- para dar tratamiento nacional a los Principios Rectores sobre la materia, adoptados por la ONU en 2011.  Documento que espera tener el primer borrador a fin de año, para ser sometido a consulta pública y así lanzarlo a principios del 2017, según adelantó Zubía.

Asimismo comentó que han trabajado en este Plan con el apoyo del Instituto Danés de Derechos Humanos y con diálogos abiertos a la sociedad civil, empresas y sindicatos, y pueblos indígenas, donde se han identificado algunas necesidades prioritarias, como lo son, la de un diálogo permanente entre Estado, empresas y comunidades, así como la capacitación para que las empresas conozcan la cultura de las comunidades, y de esa manera se facilite el entedimiento y  los acuerdos.

Por su parte, Francisco Allendes enfatizó en la necesidad de un relacionamiento temprano con las comunidades, de conocer sus tiempos, y de la importancia que le dan al territorio.

“Una buena práctica que hemos desarrollado es generar líneas de base en conjunto con ellos (comunidades), y equipararlos tecnicamente, es decir, proporcionarles los recursos para que puedan contratar de forma libre y abierta a consultores. El objetivo es que ellos  puedan asesorarse para estar al mismo nivel que las empresas y para que la posterior etapa, la de la consulta, se realice con transparencia, y con miras de lograr acuerdos”, explicó.