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Chile

El Contralor indicó que la minera se rige bajo tres incisos de la normativa de Compras Públicas, uno que obliga a informar al órgano la contratación con parientes.

Jueves 01 de Junio de 2017.-Conflicto artificial” y una “falta de compresión lectora”, fueron parte de las acusaciones realizadas por el contralor de la República, Jorge Bermúdez, respecto a la controversia generada entre la estatal Codelco y el organismo regulador por el dictamen sobre la indemnización del ex director de Codelco, Augusto González, por $511 millones y los cuestionamientos al contrato con Hatch.

Y es que durante la sesión de la Comisión de Energía y Minería de la Cámara, el contralor indicó que ninguna forma se ha cuestionado la facultad de la estatal de realizar negociaciones colectivas o de igualar a la empresa con un servicio público; por el contrario, solo se refirió a un hecho puntual del retiro del ex trabajador de la cuprífera.

“No estamos en una dicotomía entre empresa versus servicio público como se ha querido caricaturizar a la Contraloría con su dictamen, porque el mundo no es binario, no es maniqueo, hay muchos grises y uno de esos grises está dado por las empresas del Estado”, indicó durante la comisión.

Y reiteró: “Se hace un contrapunto entre la gestión de una empresa pública versus la gestión de un servicio público. A mí me parece que el contrapunto es entre el principio de probidad y el control versus una gestión absolutamente autárquica que es la que se quiere hacer de esta empresa, y a mí eso no me parece. Entonces creo que el problema que se ha planteado es artificial”.

Así mismo, defendió el rol fiscalizador de Contraloría, recordando que ningún organismo del Estado está fuera de los principios de control. “Me parece que más que molestar el dictamen, y esto es una opinión personal, (a Codelco) molesta el control”, dijo.

En tanto, respecto a la investigación del organismo por un contrato con la empresa Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, y que generó controversia por haber sido asignado de forma directa directa y cuyo representante legal tenía vínculos con un directivo de Codelco; Bermúdez explicó que la normativa de Compras Públicas no rige en su totalidad a las empresas públicas, excepto tres incisos.

“La regulación dice que está prohibido contratar con parientes hasta el segundo grado de afinidad y tercer grado de consanguinidad; es decir, el suegro con el yerno o el tío con el sobrino (…) Estamos hablando de una norma mínima de probidad, trasparencia y que obliga a abstenerse de contratar con familiares; a mí me parece un requerimiento mínimo de probidad. Ahora, la ley fue provisora porque en circunstancias excepcionales donde igual se tiene que contratar con el familiar se tiene que informar a la Cámara de Diputados y Contraloría. Contraloría nunca recibió esa información”.

Finalmente, descartó que la empresa minera esté “asfixiada por el control” de Contraloría, y recordó que la última auditoría relevante a la minera fue hace 23 años durante el Caso Dávila. “Lo que sí hay es una decisión institucional de la contraloría de hacer una matriz de riesgos donde nosotros incorporamos nivel de recursos comprometidos/número de trabajadores/impactos/denuncias parlamentarias, y eso siempre va a rankear a este tipo de empresas”.

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