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Chile

El pasado 4 de diciembre interpusieron un recurso de protección para dejar sin efecto la resolución dictada por el Sernageomin, que aprobó el plan de cierre temporal de Pascua- Lama.

Miércoles 06 de Enero de 2016.- Opositores al proyecto Pascua-Lama estarían estudiando nuevas acciones legales contra la iniciativa minera por supuestas ilegalidades en que habría incurrido la minera al terminar con los aportes al Fondo de Compensación Ambiental.

Esto luego que el pasado 4 de diciembre la junta de vigilancia del Rio del Huasco junto a los agricultores de la zona interpusieron un recurso de protección para dejar sin efecto la resolución exenta N°2418, dictada el 29 de septiembre por el Sernageomin, que aprobó el plan de cierre temporal de Pascua- Lama, consigna diario Pulso.

Según destaca la publicación, la minera notificó que cesará los pagos por el cierre temporal del proyecto, pero las comunidades estiman que esto no corresponde, ya que según el protocolo firmado con Compañía Minera Nevada -titular del proyecto- la suspensión de los pagos no se produciría en los casos en que la paralización o cierre del proyecto se deba a motivos imputables a la minera derivados de incumplimientos a cualquier normativa aplicable a sus actividades, ya sea de carácter ambiental o de seguridad minera.

“La terminación de éste fondo no corresponde porque los impactos previstos ya se produjeron y además porque el proyecto se encuentra paralizado ambientalmente por decisión de la justicia y de la autoridad ambiental”, explicó el representante de la junta de vigilancia del Rio del Huasco y los agricultores, Cristián Gandarillas.

Dichos aportes -que comprenden recursos por más de USD 60 millones, cerca de USD 3 millones anuales- estaban destinados al desarrollo de programas de mejoramiento de los sistemas de riego, y la reparación y/o modernización de la infraestructura hidráulica del valle.

Por otra parte, nueva acción legal se sumaría a la ingresada el pasado 4 de diciembre contra el Sernageomin por aprobar el cierre temporal del proyecto. Según expone dicho documento, los actos del órgano gubernamental son “abiertamente ilegales y arbitrarios, los cuales constituyen y representan una privación o al menos una perturbación y amenaza cierta de afectación de diversas garantías constitucionales”, agrega Pulso.

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